La Gaceta Oficial de Cuba ya no es el medio a través del cual se informa sobre nuevas leyes u otra disposición normativa en la isla. Ahora, parece que esa función se ha delegado en la televisión estatal, que entre el Noticiero Nacional y el programa Hacemos Cuba intentan advertir a las audiencias con noticias de “enfrentamiento, penas de encarcelamiento y multas” en tiempos de la COVID-19.
Este miércoles, Hacemos Cuba informó que unos 335 cubanos han sufrido penas de cárcel en los meses de marzo y abril por supuestos delitos relacionados con la pandemia del coronavirus.
En el programa televisivo, Otto Molina Rodríguez, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular (TSP), informó “la respuesta de los tribunales a las conductas lesivas más graves en Cuba en tiempos de COVID-19”.
Se han celebrado en el país 418 juicios vinculados a la situación actual y el incumplimiento de las órdenes del gobierno. En total 506 personas han sido juzgadas y solo tres absueltas.
Las penas de encierro representan el 66,6% de los casos y se han aplicado multas a 65 personas.
Hacemos Cuba, erigido en tribunal mediático, pretende dar una idea de que “se respetan y se preservan todas las garantías legales de los acusados, lo que no impide sancionarlos con el rigor necesario y acorde a sus características individuales”.
“Tenemos circo y no justicia en Cuba (…) Están al nivel del Circo del Sol”, fueron las duras críticas al programa hechas por Eloy Viera, abogado y columnista sobre temas jurídicos.
El también director legal del Colectivo +Voces, ha argumentado que estos medios de prensa estatal “como fuentes generadoras de obligaciones ciudadanas implica reconocer lo que muchos saben, pero niegan: el poder en Cuba no descansa en la ley. Esa situación convierte al Estado cubano en cualquier cosa, menos un Estado, incluso Socialista, de Derecho”.
Cuba enfrenta una pandemia y en medio de este contexto el gobierno autoritario inicia un “actuar preventivo y de enfrentamiento”; para aumentar la represión se jacta de decir que cuenta con la participación ciudadana, el apoyo social, y bajo el estricto cumplimiento de la Ley y las garantías ciudadanas.
Otro show político que justifica arbitrariedades, injusticias, violaciones y evidencia la prepotencia del régimen.
“Mano dura” exhiben los órganos judiciales con quien, según ellos, propague la epidemia; incurra en receptación de productos robados, o acapare mercancías y especule con precios; quien desobedezca, desacate o se resista a una policía cada vez más represora, u otro “agente de la autoridad” en cumplimiento de funciones. También contra quien atente contra inspectores o miembros de las organizaciones políticas, así como trabajadores y estudiantes inmersos en las campañas epidemiológicas.
Las medidas son proclamadas sin antes ser publicadas en la Gaceta Oficial, y convertirlas en normas jurídicas. Es nula la garantía reglamentaria de los cubanos para mantenerse a salvo de la arbitrariedad.
Estas conductas por las que han condenado a cubanos durante las últimas semanas, son enjuiciadas según el régimen y sus voceros “en virtud de que atacan la salud individual y colectiva, y ponen en riesgo la seguridad del país. Llevan una respuesta fuerte en cuanto a su sanción, una respuesta de rigor, la pena de privación de libertad”.
“Y una vez sancionados se le harán fuertes ejercicios de control y serán ubicados en las obras de mayor impacto para la sociedad”, aseveró Otto Molina, quien dijo que han llegado a los tribunales 461 personas reincidentes, “lo que muestra un alto nivel de indisciplina”.
“Las multas no son simbólicas, son elevadas de entre 2 mil a 5 mil pesos, es importante que se sienta el rigor”, amenazó el juez del “Tribunal Popular”.
En medio de la crisis por coronavirus, se ha dado la indicación incuestionable de que a través de Juicios sumarios ejemplarizantes se evalúen los casos. El “circo” que por estos días trasmite la televisión de propaganda estatal, deja clara la lógica de “ordeno y mando” con que opera un gobierno de ascendencia militar, por encima de todos.
Según, fuentes oficiales, han sido excarceladas unas 6 mil personas porque estaban próximas a cumplir sus condenas de reclusión, y través de “un proceso gradual y con estricto seguimiento” pueden terminar la totalidad de su pena en “libertad condicional”.
Foto de portada: Policías de ronda por el Parque Vidal, Santa Clara. Foto: Sadiel Mederos (elTOQUE-Periodismo de Barrio)
