Al parecer para el castrismo no es suficiente con todas las multas que ha impuesto en el último año, pues ahora ha comenzado a imponer severas multas también a los padres de los niños que violen las medidas antiCovid, según un artículo publicado este 18 de febrero por la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).
Hasta el momento, bajo el amparo de los Decretos Ley 30 y 31, los cuales se enmarcan en la llamada Tarea Ordenamiento y entraron en vigencia el pasado 1ro de febrero, la dictadura ha impuesto más de dos millones de pesos en multas.
Refiere la ACN que en la provincia de Camagüey se han aplicado más de un centenar de multa solo en los primeros 10 días de este mes, las cuales van desde los dos mil hasta los 15 mil pesos.
Al respecto Delgado Sánchez, responsable de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) en el territorio, explicó que en correspondencia con el Decreto 31, titulado De las infracciones de las medidas sanitarias para la prevención de la COVID-19, la provincia acumuló hasta esa fecha 91 multas, "donde sobresalen indisciplinas de niños y adolescentes que juegan en las calles, sin portar el nasobuco, con el consentimiento de padres y familiares".
Hay que señalar que este decreto contempla cuantías que van desde los dos mil y hasta los tres mil pesos, y penaliza a las personas que no usen el nasobuco o lo empleen incorrectamente, y a los trabajadores o directivos infractores de los protocolos sanitarios, por no garantizar los medios de desinfección y los pasos podálicos en las instituciones.
Asimismo el funcionario alertó sobre supuestos comportamientos de jóvenes que realizan actividades recreativas en la noche y sin la mascarilla, infringiendo además "las normas del distanciamiento social y los horarios establecidos en la actual situación epidemiológica".
En el caso de los niños y adolescentes, aclaró que los encargados de estos son quienes están obligados a pagar las multas, "y todas tienen un periodo de 30 días para resarcirlas".
Según la narrativa oficialista los decretos mencionados, aprobados por el Consejo de Ministros de la República de Cuba, tienen como objetivo "fiscalizar la calidad de los productos que se ofertan a la población a tono con el Ordenamiento económico, y las condiciones higiénicas y sanitarias, bajo la premisa de proteger a los ciudadanos en medio del rebrote de la COVID-19", y están facultados para aplicarlos "inspectores de la DIS, de Salud Pública, de Transporte, la Policía Nacional Revolucionaria y otros cuerpos habilitados al efecto".
