“Levantar las sanciones contra el régimen cubano es dar fondos a la policía y los militares, que oprimen al pueblo obedeciendo a los generales”, declaró este 20 de julio la activista opositora cubana Rosa María Payá ante el Congreso de EE.UU.
“Urgimos al gobierno de Joe Biden que no haga concesiones unilaterales, sino que pida la liberación de todos los presos políticos, el fin de la represión y el respeto de las libertades fundamentales, incluyendo la legalización de los partidos políticos”, agrego Payá en su intervención.
En una sesión convocada por el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, la promotora de la iniciativa “Cuba Decide” también recomendó aplicar sanciones individuales a los involucrados en abusos y usar el enfoque que se aplicó décadas atrás al apartheid sudafricano.
Subrayó la importancia de las comunicaciones, por lo que urgió a Washington a “permitir el libre acceso a internet”, que fue cortado por el régimen en las últimas semanas para impedir la organización de nuevas protestas y evitar que los ciudadanos denunciaron casos de represión.
Al respecto, la congresista María Elvira Salazar (republicana, Florida) intervino en apoyo de Payá y secundó su pedido de ofrecer internet libre a todos los cubanos, una medida que estudia el gobierno de Joe Biden, según declaraciones del propio presidente la semana pasada.
Según Salazar, “es lo mínimo” que puede hacer la administración demócrata. También recordó que los cubanos no salieron a las calles gritando “abajo el embargo” ni “queremos más remesas”, sino que se alzaron a la voz de “libertad”.
La administración de Joe Biden anunció el lunes que estudia autorizar el envío de remesas a Cuba y además trasladar más personal diplomático a su embajada en la isla, a los que contestaron con críticas Salazar y otros congresistas republicanos de Florida, como Marco Rubio.
Según la agencia de noticias EFE, se trata de medidas que Biden ha decidido explorar a raíz de las protestas. Como parte del paquete, se habla de la formación de un “grupo de trabajo sobre remesas” que tendrá como objetivo “identificar la manera más efectiva” que el dinero “llegue directamente a las manos del pueblo cubano”, sin la intermediación del régimen.
La Casa Blanca anunció que "intensificará" los esfuerzos diplomáticos con sus aliados regionales e internacionales para apoyar las "aspiraciones del pueblo cubano" y que potenciará el envío de "ayuda humanitaria" a la isla.
En la audiencia también participó el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien denunció la “brutal represión y censura” con la que respondió el régimen, conclusión a la que llegó luego de miles de entrevistas realizadas por la ONG.
El abogado chileno recomendó a Washington el desmantelamiento del embargo y la política de aislamiento que, a su juicio, “no ha producido mejoras de Derechos Humanos en la isla”, sino que “ha sido un pretexto y una forma de reunir simpatías de otros gobiernos”.
Por su parte, el congresista cubanoamericano Albio Sires (demócrata, New Jersey), pidió una mayor condena de la comunidad internacional y que los países no reciban a las misiones de médicos cubanos que impulsa La Habana.
Val Demings y Debbie Wasserman Schultz (demócratas, Florida), también condenaron la represión y tomaron partido por los manifestantes cubanos que salieron a las calles el 11 de julio en más de 60 localidades del país.
Según expertos, el levantamiento popular constituye la muestra de descontento más grande en la historia del régimen socialista de la isla.
Hasta el momento, la ONG Cubalex, que da asesoría legal a defensores de derechos humanos, ya suma en su listado más de 500 detenidos y desaparecidos durante las protestas.
El gobierno cubano solo ha reconocido la muerte de una persona, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años y residente en el municipio de Arroyo Naranjo, de quien la nota oficial no se da las causas del deceso.
Sin embargo, denuncias en las redes sociales hacen suponer un número mayor de muertos y heridos, aunque la información que no ha sido confirmada.
