Los jueces cubanos tienen prohibido viajar fuera del país de acuerdo con una norma no oficial impuesta por el régimen este mes, informó este 5 de abril Diario de Cuba.
Los magistrados tendrán que solicitar autorización para salir de la Isla por razones personales, e incluso después de solicitar la baja del sistema judicial se les podrá mantener la restricción durante cinco años, revelaron al medio tres jueces en condición de anonimato.
La medida, que aún no ha sido dictada por escrito, fue informada en reuniones con los presidentes y los vicepresidentes de tribunales provinciales.
Hasta el momento, la restricción pesaba sobre los presidentes y los vicepresidentes de tribunales, y sobre los fiscales y el personal que se desempeña en las fiscalías. También tienen prohibido viajar los médicos apenas se gradúan y profesionales de otros sectores que el Gobierno considera clave para sus intereses.
Según Diario de Cuba, esta decisión podría ser provocada por sospechas de que los magistrados cubanos decidieran emigrar del país en medio de los juicios contra los manifestantes del 11 de julio para evitar formar parte de las injusticias y arbitrariedades cometidas contra los acusados.
Liomarys Vara Fuentes, una fiscal de la provincia de Pinar del Río que condenó por motivos políticos a la economista Karina Gálvez, salió de Cuba y vive en los Estados Unidos tras recibir asilo, según un reportaje publicado este lunes por 14ymedio.
Vara Fuentes fue la representante del Estado en el caso de “evasión fiscal” contra la economista Karina Gálvez, un delito común utilizado para castigarla por formar parte del Centro de Estudios Convivencia (CEC) por el que fue condenada a tres años de prisión.
La jurista cumplió con el encargo estatal y ganó el caso contra la economista, a quien finalmente sustituyeron los tres años de prisión por una medida de limitación de libertad. Karina Gálvez se vio obligada a trabajar como auxiliar de limpieza en un centro escolar y le prohibieron ejercer el derecho al voto.
La medida de restringir el derecho a salir de Cuba también es empleada como castigo contra opositores, activistas y periodistas independientes.
