Autoridades judiciales cubanas negaron este sábado que el régimen esté procesando en juicios sumarios y sin garantías legales a detenidos por las protestas del 11 de julio, tal y como han denunciado esta semana familiares de varios de los juzgados hasta el momento.
En conferencia de prensa desde la sede del Centro de Prensa Internacional de la Cancillería de la isla, el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba, Rubén Remigio Ferro, dijo que los juicios celebrados hasta ahora “no son procedimientos sumarísimos”.
“La mayoría de los países tienen procedimientos abreviados para los delitos menores”, justificó el funcionario, citado por la agencia de noticias EFE.
Según explicó, a raíz de las protestas, a los tribunales han llegado mayormente procesos por “delitos de menor entidad” como desorden público, lesiones leves o desacato, que tienen previstas desde sanciones administrativas o multas hasta penas de un año de prisión.
De momento se han celebrado 19 procesos judiciales que involucraron a 59 personas, señaló Ferro, que agregó que estos “se tramitan por procedimientos más expeditos y ágiles, pero no por ello están exentos del derecho a la garantía del debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa”.
Las palabras del funcionario, que remarcó que la ley cubana permite que el acusado decida si nombra o no a un abogado, contrastan con los alegatos de familiares de detenidos en las manifestaciones y en los días siguientes.
Tal es el caso del joven cineasta Anyelo Troya, uno de los creadores del videoclip de la canción “Patria y Vida”, cuyos familiares denunciaron esta semana que se están llevando a cabo juicios sumarios en los que algunos encausados no cuentan con un abogado y los allegados no reciben información, o lo hacen cuando el juicio ya se ha celebrado o es inmediato, al punto de que impide la contratación de los correspondientes servicios jurídicos.
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Sin embargo, en sus afirmaciones ante medios internacionales Ferro insistió en que la justicia cubana “cumple estrictamente con los principales instrumentos internacionales” en la materia y apuntó que “ha habido el propósito de desacreditar la legitimidad, independencia e imparcialidad con que actúan los tribunales y los jueces cubanos”.
Por su parte, la fiscal general de Cuba, Yamila Peña, comentó que “el hecho de que los juicios sean más cortos no significa que no se respeten las garantías procesales” e informó que en tanto van llegando a los tribunales los juicios por delitos menores, la Fiscalía mantiene abierta la investigación de “un grupo de hechos de extrema violencia y gravedad” en los que “se pretende determinar la responsabilidad de cada persona”.
Ni Peña ni Ferro ofrecieron cifras oficiales de detenidos o procesados tras las protestas. La única referencia sigue siendo los listados que grupos de activistas y organizaciones no gubernamentales como Cubalex o el Observatorio Cubano de Derechos Humanos están recopilando y circulando en el ciberespacio.
El de la primera, hasta el momento de publicación de esta nota, recoge 671 detenidos desde el 11 de julio, de los cuales cerca de un centenar ya han sido liberados.
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En los listados de la sociedad civil figuran varios menores de edad de entre 15 y 17 años, como Gabriel Zequeira, de 17, que según declaró su familia fue condenada a ocho meses de prisión por desorden público.
Respecto a la detención y procesamiento de menores, Ferro recordó en la conferencia que la edad penal en Cuba es a partir de los 16 años, pero precisó que cuando se juzga y condena por la vía penal a jóvenes de 16 a 20 años “hay procedimientos especiales, tratamiento diferencial según el Código Penal” y lo establecido en la Convención sobre los Derechos de la Infancia.
“Ha habido algunos menores, se está investigando. Son pocos y estamos evaluando”, indicó la fiscal general, sin ofrecer cifras ni detalles sobre los casos puntuales que han trascendido en los medios alternativos e independientes del control del Partido Comunista y único de la isla.
