El gobierno de Sancti Spíritus ha recaudado más de 3 millones de pesos en multas desde la entrada en vigor del Decreto No. 30 a finales de 2020, que regula los precios en el mercado nacional, según informa la prensa local.
Según la Dirección Integral de Supervisión (DIS) en la provincia, el mencionado decreto constituye prioridad para contrarrestar el “flagelo” de la inflación, un resultado de la crisis económica y la reunificación monetaria.
Multas de consideración gravitan actualmente sobre los bolsillos de los vendedores locales, aunque en determinados casos, sobre la base del Decreto Ley No. 99, de 1987, que regula el sistema de tratamiento a las contravenciones personales, se aplica la mitad de las cuantías.
La mayoría debe subir los precios debido a que los productores agrícolas sólo les venden las viandas, frutas y vegetales cada vez más caros. Mientras tanto, el Estado responde con precios topados y persecución de “infractores”.
El hecho de que el importe de un producto no sea visible, las pizarras luzcan desactualizadas o la lista de precios esté ausente implica penalizaciones de 5 000 a 7 000 pesos, al igual que cuando hay una afectación a la entidad que expende.
Si el daño se inflige directamente al consumidor entonces las cuantías se mueven entre los 8 000 y los 10 000 pesos, trátese de alteraciones de los precios en sí mismos o de adulteración en el pesaje.
De acuerdo con la información ofrecida tanto por el DIS como por el Grupo Estatal de Comercio, las principales violaciones registradas se relacionan con mala calidad de los productos, sobre todo los que se expenden en puntos de la agricultura urbana y en los mercados agropecuarios estatales.
Por el Decreto No. 30 concretamente se habían aplicado, de manera multifactorial, 841, que se corresponden, en orden descendente, con trabajadores por cuenta propia, unidades de Comercio y Gastronomía, vendedores ilegales, puntos de productos agropecuarios y tiendas recaudadoras de divisas. El valor de lo recaudado ascendía a más de 3 510 400 pesos.
El ordenamiento monetario, en conjunción con la aguda escasez de alimentos y bienes de primera necesidad que padece la isla desde el pasado año, ha provocado un crecimiento de la inflación en Cuba.
Para intentar controlarla el régimen ha regulado los precios por decreto y multa a aquellos que violen los topes establecidos, siendo los trabajadores por cuenta propia los más afectados.
Estos no cuentan con un mercado mayorista eficiente al que acudir para abastecerse y operar. Los insumos que necesitan también han subido de precio y, según aducen muchos, si venden a los precios pretendidos por las autoridades no tendrían un margen rentable de ganancia.
