El pasado lunes, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa comentó en una reunión temporal del gobierno presidida por Díaz-Canel que constructores de la Unión de Construcciones Militares (UCM) del consorcio militar Gaesa, quienes laboran en el hotel de 3ra y 70, en el capitalino municipio Playa, fueron diagnosticados positivos al COVID-19.
Por tratarse de una empresa donde los trabajadores interactúan laboralmente, el brote amenaza con haber contagiado a un sinnúmero de ellos, en su mayoría provincianos, quienes comparten varios albergues dispuestos en las propias obras.
En alianza con la constructora francesa Bouygues Batiment Internacional (BBI), los trabajadores de la UCM también trabajan en las construcciones de los hoteles de las calles 1ra y D, y la Torre López-Callejas, en 25 y K, ambos en el municipio Plaza.
Según vecinos consultados bajo anonimato, “la noticia del vicepresidente llega atrasada”, pues desde hace más de una semana es evidente que el grueso de los trabajadores del hotel 1ra y D (ya a un 70% de su ejecución) han sido evacuados. Si acaso, avistan algún reducido número de ellos haciendo labores de limpieza. Desde entonces, la obra está parada.
También alegan que estos trabajadores, quienes se albergaban en la propia obra, pululaban con frecuencia por las panaderías, agromercados, bodegas y shoppings del edificio Atlantic, Galerías Paseo, Cupet Riviera y Meliá Cohíba, por lo que los ánimos de los vecinos están exacerbados, a causa de la ya incubación de un probable brote masivo en el barrio.
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También fueron detenidas las obras de la Torre López-Callejas en 25 y K, donde, tras un recorrido, sólo se observó el movimiento de dos excavadoras. El albergue y almacenes de esta obra se localizan en las calles K y 27. Según la vecindad, dichos trabajadores también frecuentan shoppings, establecimientos estatales y particulares de la barriada.
Trabajadores de la salud, igualmente anónimos, alegan que para aislar un probable incremento de casos sospechosos en el municipio Plaza se están habilitando el edificio albergue universitario de Línea e I y el complejo habitacional para maestros emergentes de 11 y 24.
Ante las inquietudes por la “efectividad” de los exámenes de PCR, las fuentes reconocen que tienen altos porcentajes de error. Por igual, las cantidades de test a nivel nacional rondan entre 3 000 y 4 000 muestras diarias, pero nunca se duplican o triplican, puesto que arrojaría cifras dobles o triples de infestados.
Tal subterfugio evita que la curva de infestación eleve su pico, vendiéndose así la imagen de un estricto control de la pandemia por parte del sistema de salud cubano.
Como ejemplo de las pifias del sistema de salud, otras fuentes citan el caso de una anciana de 96 años, quien sufrió una fractura de cadera y fue trasladada al hospital ortopédico Fructuoso Rodríguez en el Vedado, donde preliminarmente se le hizo un PCR y arrojó positivo al COVID-19.
La falta de ambulancias para su traslado hacia los hospitales Calixto García y Salvador Allende, y su reclusión en una sala abarrotada de sospechosos, marcó una rocambolesca odisea para los familiares, quienes recurrieron al soborno para garantizar su traslado y aislamiento.
En una segunda prueba la infortunada abuelita fue diagnosticada ‘negativa’, pero debió soportar más de tres días de angustias para ser llevada al quirófano.
