Con el paraguas de la pandemia del coronavirus, el régimen cubano aumentó la presencia del ejército y la policía en las calles. Mientras la Seguridad del Estado persigue el periodismo independiente y a ciudadanos críticos del sistema para que no denuncien en redes sociales la crisis y violaciones de derechos, los militares patrullan las ciudades enfocados en controlar la ira social de los cubanos. Los ciudadanos languidecen en enormes colas para tratar de comprar los escasos suministros al alcance del bolsillo, y las nuevas tiendas en dólares estadounidenses están abarrotadas de productos, para una minoría.
La maquinaria del Estado castrista funciona a todo tren por estos días, para cumplir los intereses gubernamentales. Solo en la central provincia de Villa Clara, en las últimas tres semanas se “ha juzgado más de 60 hechos delictivos relacionados a la violación de los protocolos sanitarios, pero también como parte del enfrentamiento a coleros, acaparadores y revendedores”, según informó la prensa estatal.
En un reporte televisivo de Yunier Sifonte, periodista del canal Telecubanacán y corresponsal del portal de propaganda Cubadebate, la Fiscalía Provincial amenaza con “sanciones que oscilan entre la privación de libertad, el trabajo correccional (con y sin internamiento) así como la prohibición de frecuentar espacios comerciales”.
Las autoridades del régimen justifican el notable aumento de procesos judiciales contra cubanos “de a pie”, con que es necesario para que ganen en la “responsabilidad y disciplina” necesarias para “superar la pandemia”.
“Nosotros contamos y confiamos en esa responsabilidad, en esa seriedad, en ese acatamiento, porque la mayoría de nuestro pueblo es disciplinado, es responsable”, afirmó Lisnay Mederos, fiscal jefa de Villa Clara.
Según la funcionaria gubernamental en declaraciones a la Televisión Cubana, la ciudadanía “nos ha apoyado como institución, tanto ofreciendo información, transmitiéndonos lo que preocupa, dónde se ha quebrantado la ley y por tanto nosotros confiamos que con la ayuda y el apoyo del pueblo nosotros podremos salir de toda la situación en la que estamos bajo un respeto irrestricto a la ley”.
El enfrentamiento entre cubanos ha aumentado bajo las órdenes del régimen, que desplazó la responsabilidad del desabastecimiento general y la catástrofe económica, hacia el nuevo “enemigo”. Los jerarcas del castrismo anunciaron el 4 de agosto un “ejército” de 22 000 personas para enfrentar a los coleros y revendedores, según ellos, causantes de todas las penurias que enfrenta el cubano “de a pie”.
El primer ministro, Manuel Marrero, se vanaglorió de lo que hace su gobierno para acabar con este grupo de personas durante el programa Mesa Redonda en el que dio a conocer esta y otras medidas. “Ha habido un incremento en el enfrentamiento a aquellas personas que han intentado enriquecerse a costilla de las necesidades del pueblo”, declaró.
Miguel Díaz-Canel, presidente designado por el general Raúl Castro, se limpió de culpas a sí mismo y a la dictadura sobre la proliferación de coleros y revendedores afirmando, por encima de la lógica económica más elemental, que “es una mentira” que el desabastecimiento sea el que provoque la especulación con productos y el fraude en las filas para comprar alimentos.
