La represión en Cuba alcanza niveles preocupantes, los más altos desde la Primavera Negra de 2003, según el conteo de detenciones y presos políticos de la ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD).
La organización agregó 8 nuevos presos de conciencia a su lista, que ya suma 134. Yampiel Bernal Ampudia, Juan Galbán Hernández, Yuselín Ferrera Espinosa, Maikel Herrera Bones, Isáin López Luna, Juan Miguel Pupo Área, Wilson Quintero Cabrera y Walfrido Rodríguez Piloto son los nombres nuevos en la “lista negra”, quienes pertenecen a distintos grupos opositores.
CPD anota que José Daniel Ferrer García, Fernando González Vaillant, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer, todos de UNPACU, fueron excarcelados este mes de abril, tras pasar un calvario de 6 meses en prisión.
Ningún preso político haya sido beneficiado por las excarcelaciones relacionadas con el COVID-19, a pesar de que tal medida fuera solicitada por numerosos grupos de Derechos Humanos y organizaciones internacionales.
En los 8 últimos meses han entrado en la lista de Prisoners Defenders 32 nuevos Convictos de Conciencia, pero la represión de abril supera la ya desagradable tendencia de 3 ó 4 presos políticos nuevos mensuales, lo que confirma un accionar represivo sin precedentes que se explica por la debilidad del régimen impuesto por la Seguridad del Estado, la cual reporta directamente a Raúl Castro.
El informe también asegura que 30 periodistas y actores de la sociedad civil han sido perseguidos y sancionados desde enero (10 casos en abril) a través del Decreto Ley 370 conocido como Ley Azote. En abril se han registrado 10 de estos casos.
CPD advierte que “la muy posible entrada en prisión de no pocos de estos multados arbitrariamente, en aplicación del art. 170.1 del Código Penal, es la base de la amenaza que se cierne contra ellos, y no tanto la multa en sí”.
Todos los indicadores apuntan a que el incremento de la represión del régimen se debe a su debilidad, agrega el informe, y a la falta de apoyo social, agravado por una situación de crisis sanitaria que aumenta el riesgo de ruptura.
Sin embargo, el informe señala más detenciones y prisioneros, que no están en la cárcel por actividades políticas, sino por las características de las leyes penales cubanas, que reconocen y permiten el arresto por “peligrosidad para el Estado”.
En esa lista hay otros 11 mil civiles, 8400 de ellos convictos y 2538 condenados, a 31 de diciembre de 2019, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel.
