El número de personas llevadas a prisión en Cuba por delitos asociados con la pandemia de la COVID-19 continúa creciendo. En Camagüey ya son más de 65.
Según un artículo publicado este 21 de agosto por el periódico estatal Adelante.cu, la vicefiscal provincial en Camagüey, Gretell Valdés Rosales, refirió las particularidades de su trabajo en el enfrentamiento a las ilegalidades durante la crisis epidemiológica generada por la COVID-19.
Gretell Valdés señaló que "la estrategia del país es clara y la creación de los grupos de Vigilancia Revolucionaria —más de 600 en la provincia—, era necesaria para apoyar y disciplinar el trabajo de las tiendas. El estado de opinión ilustra que, aunque todavía nos quedan muchas fisuras, de que no todos están funcionando correctamente y que hay población indisciplinada, la mayor parte del pueblo acoge la medida con mucha positividad".
Con respecto a la cruzada emprendida por el régimen contra los coleros, explico que "hasta el cierre del 18 de agosto se habían iniciado en la provincia un total de 77 procesos penales y las conductas más reiterativas, las de mayor incidencia están asociadas a delitos de actividad económica ilícita, de especulación y acaparamiento y en menor medida, delitos de desobediencia y de atentado".
"Aunque son conductas que no constituyen delitos, hemos presentado al tribunal —y ya fueron asegurados— cinco ciudadanos por conductas antisociales, lo que la población conoce como índice de peligrosidad, reflejado de esa manera en el Código Penal. Interesamos medidas de internamiento, refrendada por los jueces que imparten Ley".
Recordemos que en Cuba aún existe la conocida Ley del vago, la cual a pesar de ser un engendro jurídico, es aplicada en la mayoría de sus casos de forma arbitraria.
"Son personas que no trabajan, que se dedican a la indisciplina social, a deambular por las calles en el desorden social y público. Y continuaremos, aunque conlleva también prevención y profilaxis para no tener que activar la maquinaria de la justicia", acotó la vicefiscal.
En cuanto a los sancionados y procesados en lo que va de pandemia, precisó que "se han aplicado 43 multas administrativas hasta la fecha, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.3 del Código Penal, teniendo en cuenta las características de los ciudadanos y la magnitud del hecho cometido. Al considerarse que la decisión constituye una medida favorable, de volver a incurrir en tal conducta se actuará de manera diferente, remitiéndose el caso a los tribunales, pues el ciudadano no aprovechó la excepcionalidad de la medida".
Asimismo dijo que "al Tribunal se presentaron cuatro denuncias y en su totalidad se han celebrado las vistas orales de tres a los que se les aplicó sanciones de multa y privativas de libertad que fueron subsidiadas por limitación de libertad", y añadió que "cuatro expedientes están en fase preparatoria, en tramitación, de mayor envergadura, involucran a trece personas como acusados. Cuatro de ellos se hallan asegurados con la medida cautelar de prisión provisional, dos por actividad económica ilícita, uno de atentado y una receptación".
Explicó además que durante la etapa de transmisión de la COVID-19, en toda la provincia, "radicamos 761 procesos penales, de ellos 693 denuncias, de cuyos acusados 468 recibieron multas, acorde con el artículo 8.3 del Código Penal. Aparecen 68 expedientes de fase preparatoria", a lo cual hay que sumar que "al tribunal fueron remitidos 125 casos, de ellos 62 sancionados con privación de libertad, y en relación con los expedientes de fase preparatoria un total de ocho recibieron multa y otros 40 procesos enviados a esa instancia de justicia, de estos recibieron sanción 23 personas, entre ellas cuatro con privación de libertad".
El texto del periódico estatal señala que los delitos de mayor cuantía han estado relacionados con la propagación de epidemia, atentado, actividad económica ilícita e infracción de las normas de protección al consumidor.
