Una operación orquestado por la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba (PNR) culminó con el decomiso de “al menos 23 vehículos” pertenecientes a bicitaxistas en La Habana, informó Diario de Cuba.
Según la publicación, la redada ocurrió en las calles de La Habana Vieja, y perseguía “identificar a bicitaxistas que trabajan irregularmente y confiscar sus vehículos”.
Entre el 24 y el 26 de agosto, los agentes desarrollaron la acción represiva, que afectó a varios bicitaxistas del oriente del país, que viven y trabajan de forma “ilegal” en la capital cubana.
A pesar de que la Constitución de Cuba reconoce el derecho de los cubanos a la libre circulación, los nacidos en territorios fuera de la capital cubana son frecuentemente deportados hacia sus regiones de origen, bajo el amparo legal de normas jurídicas menores.
Las fuentes de DDC mencionaron al “capitán Abad”, como el agente responsable de la mayoría de los decomisos.
Yusniel Alfonso, uno de los entrevistados, dijo que fue a reclamar a las autoridades pero todo fue “por gusto”.
“La explicación que me dieron es que mi bicitaxi va a ser decomisado, sin importarle a ninguno de ellos que de eso come mi familia”, comentó.
“Este operativo es para eliminar a personas que operan ilegalmente en la zona. Quien no sea de La Habana Vieja no podrá trabajar aquí, tenga los documentos legales o no”, dijo una autoridad identificada por DDC como “agente Núñez”.
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Como consecuencia de la crisis económica que azotó a Cuba a principios de la década de 1990, el servicio de transporte público se vio gravemente afectado, y fue relativamente sustituido por vehículos como los coches y carretones tirados por caballos, y los bicitaxis, la mayoría de ellos de fabricación artesanal.
Los bicitaxis están entre los medios de transporte preferidos por los turistas que llegan a Cuba buscando entrar en contacto directo con la realidad nacional, pero muchos desconocen, en cambio, los constantes abusos de que son víctimas sus operadores, que deben pagar altos impuestos y ceñirse a políticas de precios topados, y en general a los caprichos de un régimen que mantiene un férreo control de todos los renglones de la economía nacional.
En las últimas semanas las autoridades cubanas han desarrollado una intensa campaña de control de la microeconomía, que incluye topar los precios de los servicios privados de transporte como los que brindan los bicitaxistas.
Además de utilizar a las fuerzas policiales para acosar y reprimir a quienes ejercen esta actividad como forma de subsistencia, las autoridades han llamado a la población a “denunciar” a cualquiera que incumpla las tarifas establecidas por el estado cubano para controlar la libertad del mercado en el precario sector económico de los trabajadores por cuenta propia.
Han llegado incluso a utilizar una empresa militar de tecnologías, para desarrollar y promover una app para "denunciantes", que toma fotos de las presuntas violaciones de precios topados, registra la ubicación del supuesto delito, y envía toda esa información directamente a los inspectores locales.
