Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores de España, confirmó recientemente a medios oficialistas cubanos que los Reyes de España viajarán a Cuba durante el mes de noviembre, en lo que será la primera visita oficial de un monarca español a la Isla.
Bruno Rodríguez, canciller del régimen comunista, consideró la confirmación como “una noticia excelente”, que ha sido interpretada, en cambio, como una afrenta y un insulto a la situación de los derechos humanos en Cuba por opositores, activistas de la sociedad civil y miembros del exilio.
ADN CUBA ha recopilado 10 casos de represión que la Casa Real española podría considerar insultantes a la democracia, a pesar de las constantes denuncias en redes sociales y la información que sale a la palestra pública gracias a medios de la prensa independiente.
Obviamente, una “lista de casos” no alcanzaría a documentar el verdadero panorama de la escalada represiva que se intensifica en Cuba este año bajo el mandato del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pero sí pudiera ayudar a comprender la idea general:
Nelva Ortega, la esposa del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, quien lleva 24 días preso e incomunicado, y tres hijos del opositor fueron detenidos en Santiago de Cuba mientras protestaban pacíficamente en un parque público del centro de la ciudad exigiendo la libertad de Ferrer y una prueba de que seguía con vida. Al momento de la detención, que quedó registrada en video, la esposa de José Daniel Ferrer cargaba en sus brazos al hijo menor de la pareja, un bebé.
El opositor fue detenido el 1 de octubre durante un operativo dirigido por la Seguridad del Estado con más de 60 efectivos policiales, según denunciaron miembros de la organización que él dirige, la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu).
Miguel Borroto es un opositor cubano que suele fotografiar las manifestaciones del grupo Damas de Blanco y documentar la represión a la que son sometidas las mujeres. Borroto estaría recibido golpizas y torturas desde que fue encarcelado en La Habana.
Al menos tres activistas y opositores, como Ángel Moya, Zaqueo Báez y Luis Manuel Otero Alcántara, han asegurado a la prensa que Borroto presenta muestras visibles de violencia sobre su cuerpo, y a dos de ellos les habría dicho que agentes de la policía cubana le sumergieron la cabeza en una cisterna en repetidas ocasiones, mientras lo amenazaban con matarlo, en un técnica de tortura que se conoce como “el submarino”.
La organización Cuban Prisoners Defenders reporta que actualmente existen en la Isla 125 presos políticos.
Guillermo del Sol, activista y religioso que protagonizó recientemente una huelga de hambre para protestar contra las prohibiciones de salida con que el gobierno cubano castiga a opositores y periodistas independientes, fue detenido por la Seguridad del Estado en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, denunció en redes sociales la opositora Rosa María Payá, del proyecto Cuba Decide.
Guillermo del Sol presenta un cuadro de salud delicado a causa de su prolongada huelga de hambre, y tenía previsto recibir atención médica en los Estados Unidos.
Nelson Julio Álvarez Mairata, un joven youtuber cubano fue arrestado en Santa Clara, en la región central de Cuba, por segunda vez en menos de 24 horas. Las autoridades de la policía política lo sometieron a un interrogatorio en el que se le acusó de trabajar ilegalmente como comunicador, y decomisaron todos de sus equipos de trabajo, incluyendo ordenador, teléfonos móviles, audífonos y cámaras.
Usando sus equipos de trabajo, los agentes del Estado cubano jaquearon las cuentas del youtuber en redes sociales, ridiculizándolo por su orientación sexual a través de imágenes y mensajes escritos en su nombre.
Juan Bautista Cárdenas, un religioso cubano que fue arrestado en Esmeralda, Camagüey, por agentes de la policía, fue liberado tras un juicio en que se le acusó de “desacato a la autoridad”, y se le impuso una multa de 588 CUP (cerca de 23 USD).
Bautista Cárdenas, que profesa la fe cristiana, cometió el supuesto desacato al enfrentarse a policías que se empeñaron en impedir que él predicara el evangelio frente al edificio del gobierno. Los agentes se burlaron de su fe refiriéndose a ella como “una bobería”, y el predicador les recitó un texto bíblico: “Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira”. En ese momento los policías se sintieron ofendidos y agredieron al predicador. “(…) Nunca le hice nada a nadie. Solamente estaba predicando. Unos policías me amenazaron con caerme a patadas y yo los reprendí en el nombre del Señor. Me acusaron de hablar mal del gobierno y de desacato. Esto es una gran injusticia”, dijo Bautista tras su liberación.
El gobierno cubano irrespeta constantemente las libertades religiosas de los ciudadanos, al decidir qué congregaciones son legales y cuáles no. Además, una pareja de pastores de la ciudad de Guantánamo cumplen condenas de cárcel por insistir en educar a sus hijos en casa. La familia Rigal se encuentra ahora separada y sus hijos obligados a recibir una educación ajena a la que prefieren sus padres.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado nuevamente “sin explicaciones” cuando salía de una actividad cultural en Alamar, La Habana.
“Salíamos de la lectura de poesía (…), entre risas, con amigos, después de celebrar nuestro aniversario! de celebrar la vida, el arte... Hasta cuándoooo!!! ¡Otra detención arbitraria! ¡Otra vez! basta ya!!!! Qué pasa con nuestro derecho a vivir, simplemente vivir, reír, decir, sentir... (…)”, denunció Claudia Genlui tras el más reciente arresto de su pareja.
Luis Manuel Otero Alcántara ha sido detenido en múltiples ocasiones por su activismo dentro del Movimiento San Isidro, un grupo de artistas que se oponen a la imposición de la censura sobre el arte en Cuba y organizan eventos al margen de las instituciones oficiales. Otero Alcántara ha realizado varias acciones artísticas utilizando las banderas de Cuba y Estados Unidos, por lo que las autoridades buscan procesarlo judicialmente bajo cargos de irrespeto a los símbolos patrios.
En la antesala de un evento sobre el cáncer de mama, varios cubanos fueron arrestados y otros permanecieron bajo vigilancia policial. Durante la jornada represiva se reportaron los arrestos de la paciente de cáncer y profesora Omara Ruiz Urquiola, y la comunicadora Iliana Hernández, a la salida del Hospital Oncológico de La Habana. Las mujeres habían acudido al centro de salud a recoger los medicamentos contra la enfermedad de Omara.
Durante octubre se desarrolló en La Habana, con el apoyo de ADN CUBA y otros actores de la sociedad civil, una serie de conversatorios de concientización por el mes de lucha contra el cáncer de mama, bajo el slogan “Que el miedo no te detenga. Despierta tu coraje”.
La jornada de clausura, sin embargo, fue boicoteada por la policía política, que además de los arrestos, impidió llegar a la sede del conversatorio a un periodista que daría una charla sobre feminicidios en Cuba.
Medios de la prensa independiente cubana unieron sus voces en una declaración contra la censura y la represión en la Isla, particularmente contra la criminalización del periodismo. El manifiesto exige garantías legales para quienes ejercen esa profesión al margen del sistema de medios controlados por el Partido Comunista, y defiende el derecho de los ciudadanos a la información y a un periodismo diverso.
El documento, fue publicado a la vez cerca de una veintena de medios, y llega poco después de que 55 periodistas, activistas y comunicadores cubanos lanzaran una petición en la plataforma Avaaz con demandas muy similares.
El abogado y reportero independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, fue condenado a un año de privación de libertad, y encarcelado en septiembre luego de un juicio carente de garantías procesales. Quiñones es víctima de amenazas y limitación de derechos dentro de la prisión, por los artículos y cartas que continúa escribiendo, denuncia su familia.
Martha del Carmen Mesa Valenciano, Viceministra primera del Ministerio de Educación Superior de Cuba, ratificó la política excluyente que aplican las universidades cubanas, en virtud de la cual se expulsa a profesores y estudiantes de las instituciones educativas, utilizando generalmente argumentos administrativos o académicos.
“El que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario”, escribió Mesa Valenciano en el sitio web del Ministerio de Educación Superior.
La publicación generó un intenso debate en redes sociales y una petición en la plataforma Change.org (que se encuentra bloqueada en Cuba), exigiendo el fin de la discriminación por motivos ideológicos. Sin embargo, las autoridades se mostraron indiferentes en un primer momento, y luego llamaron “mercenarios” a los que cuestionaron la política oficial, y aseguraron que las universidades del país no están abiertas al disenso.
Un fuerte operativo de la Seguridad del Estado cubano impidió en el mes de agosto una manifestación pacífica de jóvenes gamers que pretendían defender la existencia autónoma de la red comunitaria conocida como SNet. La policía política también impidieron la cobertura de prensa.
Los jóvenes habían convocado a una acción pública en un parque aledaño a la sede del Ministerio de Comunicaciones de Cuba en La Habana, pero las amenazas, citaciones policiales, y “advertencias” previas a la prensa independiente, lograron disuadir a los promotores. Periodistas independientes en la Isla, por su parte, fueron retenidos dentro de sus viviendas para impedirles cubrir la posible manifestación.
Finalmente el gobierno impuso su agenda, desmanteló la red comunitaria a través de dos Resoluciones ministeriales, e invitó a sus antiguos miembros a “unirse” a una nueva red bajo control gubernamental que estarían creando para suplantar a la antigua.
Los derechos digitales de los cubanos se violan sin recato por un sistema que permite una sola empresa de telecomunicaciones, ETECSA, que mantiene tarifas altas para el acceso a Internet y viola la privacidad de sus usuarios o los “desconecta” por mandatos de la Seguridad del Estado.
