“Sigo firme con seguir adelante con la denuncia”, dijo este domingo la joven madre Anyell Valdés Cruz, quien fue sometida a un mitin de odio castrista el 22 de febrero en su hogar de La Habana.
El Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana preparó el documento del caso de Valdés Cruz, “sometida a un acto de repudio, organizado y dirigido por el Ministerio del Interior [Minint] y el Gobierno Municipal de Arroyo Naranjo, en la capital cubana”.
El licenciado Edilio Hernández Herrera compartió con Radio Televisión Martí una copia del documento y dijo que ahora le corresponde a la demandante, integrante del Movimiento San Isidro, presentarlo ante las instituciones legales.
Hernández Herrera, inscripto en el Registro General de Juristas del Ministerio de Justicia y coordinador del Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana, dijo que las autoridades cometieron varias violaciones contra la familia.
Las acciones contra Anyell Valdés Cruz ocurrieron en calle Morales #86, esquina Finlay, reparto Los Pinos, donde había en ese momento tres niños menores de edad (entre 10 y 5 años).
El mitin de odio fue criticado dentro y fuera de Cuba. Por ejemplo, el dramaturgo Yunior García Aguilera declaró “¡Basta ya! ¡Ni un acto de repudio más! Martí jamás sitiaría la casa de una familia cubana, con niños adentro”.
El abogado Hernández Herrera explicó que recopiló fotos y videos que muestran la participación de oficiales del Minint, el intendente del gobierno municipal de Arroyo Naranjo, Kirenia Pomares, la directora provincial de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y un grupo de ciudadanos de la localidad.
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Agregó que también participaron en el mitin de repudio maestros de la Escuela primaria donde cursa estudios uno de los niños.
Todos, destacó el licenciado, procedieron “sin orden judicial, ni fiscal y sin el consentimiento de Valdés Cruz, a realizar esa manifestación pública de índole política”.
En ese acto hubo una elevada dosis de insultos personales, y los participantes trasgredieron la vivienda, saltaron la cerca perimetral, rompieron un candado de la puerta para introducir una pintura de vinil azul con las que pintaron paredes y el piso del local, precisa el documento redactado por el abogado.
Los tres niños menores de edad lloraban asustados, no obstante, los funcionarios militares y del gobierno incitaron y permitieron el descomunal acto de coacción, violación de domicilio, amenazas y daños contra la propiedad y la vida de las personas que continuaban dentro de la vivienda, recalcó el abogado.
Hernández Herrera especificó que en ese “desatinado hecho” se manifestaron violaciones fragrantes de la Ley, la Constitución, el Derecho, y hubo evidente Abuso de Poder y destacó “que situaciones similares están ocurriendo cada día con mayor frecuencia en la isla”.
El licenciado calificó de importante y necesario que los juristas ayuden a la población, víctima de esos atropellos, a presentar las denuncias debidamente elaboradas, pero lamentó que quienes lo hacen de manera independiente como el Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana no cuentan con apoyo.
“Necesitamos la solidaridad de todos para dar visibilidad a las denuncias de violaciones que ocurren en el país y para mostrar lo indefenso que están los cubanos ante un sistema que viola sus propias leyes”, concluyó el licenciado.
El pasado 12 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a 20 miembros del Movimiento San Isidro, entre ellos Anyell Valdés Cruz.
(Con información de Radio Televisión Martí)
