La oposición venezolana alertó este miércoles sobre que los diputados chavistas, quienes ocupan el 92 % de los asientos en la nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento), pretenden promover una reforma legal para “regular el uso de las redes sociales”.
La advertencia la hizo el exdiputado Jony Rahal en su cuenta de Twitter, en la que indicó que los nuevos parlamentarios electos el pasado 6 de diciembre, en unos comicios que el sector opositor que lidera Juan Guaidó califica de fraude, buscan “meter preso a quien se exprese en contra del régimen”.
“Los falsos diputados que usurpan el Palacio Federal pretenden reformar la Ley Resorte (que de paso es inconstitucional y vulnera la libertad de expresión), para agregar un capítulo y regular EL USO DE LAS REDES SOCIALES, y meter preso a quien se exprese en contra del régimen”, escribió Rahal.
La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) fue aprobada en 2004 y permite que el Gobierno regule el contenido de los medios de comunicación estableciendo que la programación no puede contener “violencia” ni “terrorismo”.
Rahal envió su alerta al Departamento de Estado de EE.UU. y a la Unión Europea “de este nuevo atentado contra la libertad de expresión en Venezuela que busca acallar con cárcel al ciudadano de a pie que se expresa en contra de la dictadura”.
Por eso, destacó que la Comisión de Medios que él integraba en el anterior Parlamento, y que Guaidó prolongó pese a su término el 5 de enero al considerar ilegítima la electa el 6 de diciembre, seguirá “documentando los nombres de los colaboradores de la dictadura” que considera que ejerce el presidente Nicolás Maduro.
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A su juicio, el Ejecutivo “atenta y profundiza el deterioro de la libertad de expresión en Venezuela” con esta ley.
Este martes, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, anunció que en el quinquenio legislativo que comenzó el pasado 5 de enero promoverá una reforma de la ley Resorte, pero no facilitó más detalles.
La receta cubana de censurar redes sociales
El chavismo podría copiar la receta del gobierno castrista para censurar en redes sociales. Se trata de la aplicación en los últimos meses del Decreto Ley 370 en Cuba, a periodistas independientes y activistas cubanos, pone en riesgo derechos humanos fundamentales relacionados al uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Las áreas fundamentales de la legislación (Control sobre contenidos en línea, autorización para productos informáticos, prohibición de investigadores en seguridad informática, localización de datos y control gubernamental de la infraestructura) conspiran contra la consagración del acceso libre a internet, definido por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como “una condición sine qua non para el ejercicio efectivo de los derechos humanos hoy en día, incluyendo especialmente los derechos a la libertad de expresión y opinión, asociación y reunión, educación, salud y cultura”.
La verdadera solución para Cuba y otros países bajo regímenes autoritarios (como Venezuela), es mantener una red abierta, globalmente conectada y segura, disponible en todas partes, para todos, que tenga como objetivo promover la libre circulación de información y la participación cívica.
“Regulaciones como el Decreto 370, –según un detallado artículo publicado en la página web, Access Now–, van encaminadas en dirección opuesta a estos fines y deben ser desalentadas desde la óptica de derechos humanos. Lamentablemente, exigir la modificación de este articulado no sería suficiente. La única alternativa es descartarla y reformularla a través de un debate abierto y participativo teniendo en cuenta a los derechos fundamentales de los ciudadanos de Cuba”.
(Con información de EFE)
