La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), dedicada a la observancia y promoción de los derechos humanos, respondió al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) del régimen cubano, que este viernes la acusó de ser una “pseudo-organización” que busca subvertir el orden en Cuba.
En una conferencia de prensa para exponer su versión sobre la negativa de entrada a Cuba a la periodista Karla Pérez, la Cancillería de la isla criticó que HRW se hubiese pronunciado sobre el hecho y la acusó de ser una pretendida organización “bien conocida por el pueblo de Cuba por sus connotados actos de subversión contra nuestro pueblo”.
Al respecto, el director ejecutivo de la división para Las Américas de la ONG, José Miguel Vivanco, lamentó la falta de argumentos del régimen y que se dedicase, en vez de aclarar el caso, a atacar a organizaciones como HRW y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
“A falta de argumentos, el régimen cubano se dedica a atacar a HRW y el CPJ. No, señora, no somos ‘pseudo-organizaciones’ ni hacemos actos ‘subversivos’. Denunciamos las violaciones sistemáticas de derechos humanos que comete su gobierno”, escribió Vivanco en Twitter, dirigiéndose directamente a la directora de Comunicación e Imagen de la entidad, Yadira Jiménez Roig, funcionaria a cargo de la conferencia de prensa.
En ésta, Jiménez Roig no sólo descalificó a las referidas organizaciones, sino que refirió lo acontecido el jueves en torno a Pérez como un “montaje mediático” que sigue los “manuales de desestabilización” de la CIA y Estados Unidos.
Como elemento de prueba invocó el hecho de que ADN Cuba y otros medios hubieran hecho una cobertura inmediata y amplia del suceso, y de que reporteros independientes se hubiesen personado en la sede de la Cancillería, en busca de información.
A falta de argumentos legales y evidencias sólidas, la explicación del Minrex y su funcionaria terminó siendo un franco reconocimiento de que Cuba es una dictadura y el destierro de Pérez, editora y reportera de esta revista, fue por razones políticas y no por incumplimiento de algún requisito legal.
Acusaciones sin pruebas
Jiménez Roig recurrió a calificativos y aseveraciones relacionadas con la oposición política de Pérez al gobierno de la isla para explicar por qué se le impidió ingresar al país.
“Esta ciudadana es emigrada cubana, con varios años fuera del país. Son conocidos sus estrechos vínculos con Eliecer Ávila y otros personeros. Ella es un instrumento, no es la primera vez que la utilizan en este tipo de tácticas para acciones fuera de la ley y desestabilizadoras contra Cuba”, afirmó la funcionaria, sin ofrecer prueba alguna.
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“Ahora sencillamente pretenden reinstalarla en el país en función de propósitos subversivos. No fue casual su estancia en Costa Rica, donde hay elementos y grupos que mantienen relación con grupos violentos en Miami”, agregó.
Desde el punto de vista de Jiménez Roig y el sistema político al que representa –que niega su naturaleza dictatorial y gusta de definirse como una democracia-, negarle la entrada a una ciudadana cubana que no comulgue con el régimen es un acto de legítima defensa.
“En Cuba existen como en todos los países leyes migratorias, que establecen regulaciones en el marco legal y que rigen la acción de las autoridades migratorias. Tenemos el mismo derecho que cualquier otro país a defendernos”, aseveró.
