Las recientes resoluciones aprobadas por el régimen cubano para “favorecer” la importación y exportación del sector no estatal no son más que “la definitiva estatización de la producción no estatal”, la privación de toda autonomía a cualquier emprendedor, según un reporte de The Havana Consulting Group difundido este miércoles.
Se trata de una fórmula “draconiana” y “anticomercial” que cercena toda forma de emprendimiento y trata en vano de ocultar que “quien produce no tiene control de nada: ni del precio, ni de la gestión de venta, ni de las ganancias, ni de la selección de los proveedores y mercados a los que exportar”, sintetizó el economista Emilio Morales, presidente de la citada consultora.
En un estudio de 14 páginas, Morales analiza en profundidad las resoluciones del régimen cubano que autorizan la importación y exportación a las formas de gestión no estatal, es decir, trabajadores por cuenta propia y Cooperativas No Agropecuarias (CNA).
Para el economista cubano, estas resoluciones anunciadas en agosto pasado en la Gaceta Oficial de la isla constituyen una “camisa de fuerza” para controlar y “robarse legalmente” los ingresos derivados de potenciales actividades de importación y exportación del sector no estatal.
Sostiene que, en realidad, la medida en sí “mata antes de nacer” la supuesta intención aperturista del Gobierno de Díaz Canel como herramienta para revertir la profunda crisis económica que sacude a la isla caribeña.
Por el contrario, subraya, es un “mecanismo que traba aún más la libre generación de riquezas”.
En ese sentido, explica el informe, cualquier emprendedor cubano que se plantee adentrarse en un negocio de importación o exportación de productos o servicios en la isla, verá que estas medidas oficiales y sus requisitos solo desincentivan la inversión privada interior.
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Son resoluciones que ponen todas las operaciones de importación y exportación en manos de los militares a través de las 36 empresas estatales autorizadas a ser las intermediarias para la gestión no estatal.
El emprendedor tendría la obligación, según el apartado primero, de abrir una cuenta bancaria en el BFI S.A., un banco que está en manos del Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), perteneciente al Ministerio de las Fuerzas Armadas (Minfar), “el único banco que está fuera del control del Banco Central de Cuba”.
Esto significa que las operaciones de importación y exportación de productos y servicios “van a ser controladas financieramente por los militares”, hizo hincapié Morales.
Además, agregó Morales, de las resoluciones se desprende que los emprendedores no tendrán “ninguna autonomía para definir el precio tanto de los productos que se importan como los que se exportan”, una competencia exclusiva del Ministerio de Finanzas y Precios.
Según esta “mágica fórmula” todo el dinero que se descuente de las operaciones de importación y exportación irá a parar al BFI S.A, el banco de Gaesa, que operan los militares.
Morales cargó contra esta medida, que calificó de “legalización formal del 'apartheid' que sufren los ciudadanos cubanos”, privados del derecho a generar riquezas.
Esta medida “arruina toda esperanza de un cambio que permita sacar al país de la miserable pobreza en la que se encuentra sumido” y, además, evidencia una cruda realidad: “Para los extranjeros todo, para los cubanos nada”.
Solo basta, prosiguió, comparar los incentivos que el Estado cubano ofrece a los inversionistas extranjeros en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM) para “entender cuán discriminados son los cubanos por su propio Gobierno”.
