El Directorio Democrático Cubano denunció que el 6 de mayo en Catalina de Güines, provincia Mayabeque, el Departamento Técnico de Investigación (DTI) del régimen cubano llevó a cabo una ola represiva contra catalineros trabajadores, con la debida patente registrada legalmente para vender los productos de su trabajo.
Según información recibida desde aquel poblado, los órganos de la Seguridad del Estado entraron en las viviendas de varias familias trabajadoras, confiscándoles productos agrícolas de alimentación como la cebolla que guardaban en sus frigoríficos para la venta y fueron detenidos.
Los apresados son Abdiel Martínez, Luis Enrique Forte Medina, tres catalineros: Lisvanys, Haroldo y Yoel, entre otros cuyos nombres no han sido informados al Directorio Democrático Cubano.
Según esta organización, también arremetieron contra el "paladar de Pastora", quien fue detenida y liberada con una multa, localizado en la Calle 16, entre las Avenidas 27 y 29 del pueblo catalinero.
Hasta el momento el operativo de registro y confiscación de su cosecha de cebollas continúa en la finca de Abdiel Martínez, quien junto a los demás catalineros permanecen detenidos en DTI de San José de las Lajas, pueblo cabecera de la provincia.
"Los pobladores de Catalina de Güines se encuentran muy disgustados con este acto represivo ya que todos los catalineros que fueron reprimidos son personas trabajadoras y decentes que trataban de sobrevivir del fruto de su trabajo y más en estos momentos tan duros que el pueblo cubano sufre tanta falta de alimentos y la amenaza de la COVID-19", agrega el comunicado del Directorio.
Precisamente este jueves, el régimen cubano, a través de medios oficialistas, reconoció que no tiene suficientes inspectores para controlar los precios y que algunos se dejan sobornar.
Según publicó Radio Ciudad de La Habana, la plantilla de inspectores apenas está cubierta en un 40%, aunque justifican esta problemática con el "serio" proceso de selección y captación de sus inspectores.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, admiten que hay denuncias contra estos pues incurren en falta de profesionalidad, o se dejan sobornar.
De acuerdo con datos oficiales, solo en La Habana se han llevado a cabo 17 mil acciones, que incluyen imposición de multas, retiro de licencias y del permiso de arrendamiento de locales estatales.
