La lista de regulados en Cuba sigue creciendo y siempre sin dar motivos sólidos que, amparados en la ley vigente, convenzan al afectado y la comunidad internacional, y no evidencien que sencillamente es un mecanismo de represión política, amenaza y ultraje a las libertades individuales.
Este viernes, el turno de la regulación correspondió al abogado de Cubalex Julio Alfredo Ferrer Tamayo, a quien le impidieron viajar a Argentina y participar en la conferencia “Desafíos al activismo de derechos humanos en América Latina”.
A celebrarse el 10 de marzo en Buenos Aires, Ferrer Tamayo fue invitado a la conferencia por el Centro para la Apertura y la Democracia de América Latina (CADAL). Sin embargo, a la Seguridad del Estado y sus diferentes dispositivos que pretenden simular una institucionalidad común y corriente no les pareció pertinente la participación del abogado en el evento y decidieron cercenarlo su libertad de movimiento.
“Impiden salir del país al abogado de Cubalex Julio Alfredo Ferrer Tamayo, no más regulados”, escribió Laritza Diversent, directora y también abogada de Cubalex, en su perfil de Facebook para denunciar la arbitrariedad. “¿Creen que nos van a callar? Yo hablaré por Julio Ferrer, por Luis Manuel Otero Alcántara y todos aquellos que ustedes reprimen. Liberen a Luis Manuel”, agregó en ese mismo medio.
A partir de la regulación de Ferrer Tamayo, que las autoridades migratorias no supieron justificar, Diversent también denunció el encierro del artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado y pendiente de un posible juicio sumario bajo cargos fabricados, motivado por la evidente voluntad del régimen de La Habana de “sacarlo de las calles” para silenciar su activismo.
Diversent acudirá a la conferencia a la cual se suponía que asistiese también su compañero. Es de suponer, por lo escrito por ella, que aprovechará para denunciar la arbitrariedad contra el mismo, así como contra todos aquellos que en Cuba osan levantar la voz y actuar en pos del bienestar ciudadano y el respeto a los derechos humanos y las libertades.
Lo hará como directora de Cubalex, “una asociación sin fines de lucro que a través de la ley nacional e internacional defiende y promueve los derechos humanos, como forma de transformación social para alcanzar el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Cuba”.
Según reza en su web, Cubalex “es una organización no gubernamental de acción social sin fines de lucro, integrada por defensoras y defensores de derechos humanos, calificada por su desempeño, profesionalidad y experiencia en promover reformas al sistema jurídico cubano. Conocida por brindar servicios de asistencia y asesoría legal gratuita a personas víctimas de violaciones de derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad en Cuba”.
Diversent y su organización ayudaron esta semana a desenmascarar las fabricaciones del régimen contra Luis Manuel, demostrando que el supuesto cargo de maltrato a la propiedad social es un invento desesperado para intentar juzgarlo penalmente, cuando por su activismo no pueden hacerlo sin evitar los reclamos de la comunidad internacional.
No obstante, la historia evidencia que al gobierno castrista de La Habana no le preocupa en lo más mínimo la opinión internacional ni “guardar las formas” cuando de mantener la dictadura y limpiar las calles de activistas y opositores se trata.
