Preso político Nelson Caballero Díaz iniciará huelga de hambre

El preso político Nelson Caballero Díaz anunció que comenzará una huelga de hambre para exigir su libertad, tras casi cinco meses de detención arbitraria y constantes violaciones a sus derechos, de acuerdo con la información recibida por Cubalex. 

Nelson se encuentra en la prisión Cerámica Roja, de Camagüey. Durante la última visita de su madre le comunicó que al no tener respuestas sobre su caso, mañana viernes 14 de marzo se declarará en huelga de hambre. Y luego agregó: "Voy a salir de la cárcel, vivo o muerto". 

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— Cubalex (@CubalexDDHH) March 13, 2025

La madre de Caballero Díaz ha recurrido a todas las instancias para aclarar el caso de su hijo: "ha llamado insistentemente al abogado designado para su defensa, se ha personado en la Fiscalía Provincial de Camagüey y en el Departamento de Atención a la Población, pero nadie le ha dado una respuesta".

Nelson Caballero Díaz participó en una protesta pacífica en octubre de 2024 para exigir el cese de los apagones. Fue detenido y golpeado por la policía y un grupo de informantes de la Seguridad del Estado. 

El detenido identificó a tres de sus agresores: “un agente del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) conocido como Falot, un civil identificado como Ale Padrón, y un agente policial cuya identidad se desconoce”

Tras la brutal agresión fue llevado al policlínico local y luego al hospital provincial de Camagüey, donde su familia pudo verlo. La policía dijo entonces que los documentos médicos se habían perdido. Sin embargo, un familiar pudo acceder al diagnóstico, donde se indicaba la necesidad de vigilar posibles signos de “alarma neurológica”.

En diciembre pasado Cubalex denunció que  Caballero Díaz llevaba siete días en huelga de hambre, en protesta por su injusto encarcelamiento y las constantes violaciones a sus derechos fundamentales. Y era ya la tercera huelga desde que fue arrestado. 

Asimismo el abogado designado para su defensa, identificado como Gustavo Fiallo, no responde a las llamadas de la familia, lo cual les impide ejercer "mecanismos de supervisión sobre el proceso judicial, como verificar la presentación de solicitudes de cambio de medidas, pruebas que demuestren su inocencia o recursos para denunciar violaciones al debido proceso. Esta situación también incrementa el riesgo de nuevas violaciones a sus derechos humanos".