La prisionera política Aymara Nieto Muñoz, confinada en la prisión cubana conocida por “Betica”, en la provincia Las Tunas, lleva más de dos meses sin poder recibir alimentos, ni artículos de aseo personal, enviados por sus familiares.
Su esposo, el opositor y expreso político Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Televisión Martí que tras el último cierre del transporte en Cuba por el agravamiento de la pandemia de la COVID-19, “es imposible viajar desde La Habana hasta allá para llevarle las jabas” personalmente.
Precisó que la última visita la realizó el pasado 5 de diciembre y desde entonces “ella no ha recibido ni un jabón para el baño”.
El esposo dijo que indagó sobre el caso en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones y le informaron que solo enviaban paquetes a los reos, hasta la provincia de Camagüey.
Nieto Muñoz durante el 2020 fue sometida a castigos y restricciones por parte de las autoridades carcelarias tras haber sido trasladada desde la Cárcel de Mujeres del Guatao en La Habana, hasta el oriente del país.
En el mes de junio del año pasado, se denunció que Aymara Nieto, Dama de Blanco, activista de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y promotora de Cuba Decide, fue golpeada en la cárcel de mujeres en Manatí, Las Tunas.
“Recibimos una llamada telefónica que nos confirmó que Aymara fue golpeada por los mismos carceleros de la celda donde la tienen”, refirió su esposo en ese momento.
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Según las autoridades del régimen su traslado fue como castigo por haberse involucrado en un motín ocurrido en esa cárcel, en el que la opositora asegura que no participó.
La llegada de la activista de la Unpacu a Las Tunas coincide con el momento en que, para evitar el contagio del coronavirus, las autoridades cancelaron las visitas a prisión.
En la cárcel fue sometida a tratos crueles y degradantes y en múltiples ocasiones le prohibieron las llamadas telefónicas lo que ocasionó que sus hijas, madre y esposo pasaran más de seis meses sin tener información de ella.
Nieto Muñoz fue sentenciada en 2018 a cuatro años de cárcel por los supuestos delitos de atentado, daño y desacato, cuando salía de la sede de las Damas de Blanco en La Habana.
La familia ha denunciado las medidas arbitrarias que se han aplicado contra la prisionera política. En las redes sociales, activistas de derechos defienden su derecho a la libertad.
El pasado año organizaciones de la sociedad civil pidieron la liberación de las mujeres cubanas encarceladas por su activismo político y exigieron al régimen el respeto a los derechos humanos.
(Con información de Radio Televisión Martí)
