El escándalo es financiero y también político. La polémica a nivel mundial está servida. De fondo, la opacidad respecto a la propiedad de bienes y a la titularidad de cuentas bancarias en paraísos fiscales.
'Pandora Papers' se le ha denominado a la investigación periodística de la que participan diversos medios de comunicación, para el análisis de cerca de 12 millones de documentos que les fueron filtrados por 14 despachos de abogados.
Alrededor del 10% del PIB mundial está en paraísos fiscales. Cada año, los países dejan de recibir en recaudaciones impositivas, entre 500 mil y 600 mil millones de dólares por cuenta de los paraísos fiscales (con datos de 2017). Los principales paraísos fiscales en el mundo son: Islas Caimán, Estados Unidos, Suiza y Hong Kong, explicó la economista Ana Azuara.
En América Latina los ‘Pandora Papers’ comprometen a figuras visibles de la política, entre ellos al presidente de Chile, Sebastián Piñera, al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y al mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, pero el escándalo también ha comprometido al mundo religioso, de la cultura o del espectáculo.
Mario Vargas Llosa, Chayanne, Shakira y hasta los ‘Legionarios de Cristo’, son algunos de los nombres que acaparan la prensa mundial en estos días.
Visto a la luz de las legislaciones avanzadas como las de Estados Unidos o de Canadá, pero también de otras más rezagadas como la de Colombia, el hecho, por sí solo, de tener una cuenta offshore o un activo en el exterior, no constituye un delito.
Francisco Bernate, académico y jurista, explicó que lo relevante, desde lo penal, tiene que ver con que ese activo no haya sido declarado a la administración de impuestos del país de origen de la persona poseedora del activo.
El no declarar es un ilícito tributario y aduanero y está sujeto a sanciones en el respectivo país del ciudadano implicado.
Pero también es cierto que ese activo debe superar cierta cuantía. O, dicho de otro modo, no cualquier ciudadano que tenga una cuenta en el exterior va a ser sancionado.
En lo que respecta al caso más sonado en América Latina, que involucra al presidente chileno Sebastián Piñera, él mismo ha declarado públicamente que, desde 2010, antes de su primera presidencia, se desligó totalmente de los negocios familiares y de cualquier empresa en la que hubiera participado.
Negocios entre socios y amigos. Ese proyecto minero que implica a Piñera en los ‘Pandora Papers’, llamado Minera Dominga, es un yacimiento de hierro y de cobre, en Coquimbo, y fue comprado en sociedad con un amigo de Piñera, siendo Piñera el mayor accionista. Posteriormente, su socio y amigo compró la parte de Piñera. El monto que circuló, respecto a la compra, fue de 14 millones de dólares.
Sin embargo, Carlos Huertas, periodista, miembro del Consorcio para periodistas de investigación (ICIJ) y director de CONECTAS, la plataforma de periodismo investigativo que forma parte de los medios que han sacado a la luz los 'Papeles de Pandora', explicó que el precio real del proyecto fue de 152 millones de dólares y que 138 millones fueron gestionados en las Islas Vírgenes Británicas y, adicionalmente, el tercer pago estuvo sujeto a no cambiar las reglas y las condiciones de la zona del proyecto minero.
Es decir, el pago estuvo condicionado a no transformar o convertir la zona en área protegida, en parque nacional, entre otras designaciones. De fondo, el pago estuvo condicionado a decisiones políticas relacionadas con el Poder Ejecutivo.
Consecuencias jurídicas y políticas para Piñera. Este es un caso sobreseído de manera definitiva. Fue juzgado en 2017 y no tendrá impacto a nivel judicial. La discusión en Chile se traslada a la política, a la ética, a la probidad del presidente.
Todo ello ocurre en año electoral. Estas noticias tendrán impacto negativo en la imagen del presidente y del candidato oficialista, Sebastián Sichel, que viene a la baja y que ha sido superado por el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast.
Es posible que de cara a una segunda vuelta electoral puedan llegar a competir la izquierda populista y la derecha más dura, Gabriel Boric y José Antonio Kast, quedando fuera el oficialismo.
Adicionalmente, las revelaciones y el debate que pueda generarse en estas semanas, dificultaría todavía más la relación entre el oficialismo y la oposición, cuando esta última trata de plantear un juicio político a Piñera que de concretarse le impediría ejercer un cargo público en los próximos cinco años, analizó José María del Pino.
