El Tribunal Supremo del Reino Unido falló este martes, con un veredicto unánime, en contra del primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, al considerar "ilegal" la suspensión del Parlamento durante cinco semanas.
Los once jueces de la máxima instancia judicial de este país tenían que examinar dos recursos diferentes: el de la Corte de Apelación de Escocia, que consideró ilegal la medida adoptada por el jefe de Gobierno, y la del Tribunal Superior de Londres, que determinó que la cuestión era competencia política.
La decisión ha provocado un nuevo terremoto en el debate político británico. Los jueces han defendido la prevalencia del Parlamento, en su capacidad legislativa y de control, sobre el Gobierno. Y han entendido que la decisión del Ejecutivo de cerrar el periodo de sesiones en Westminster, durante un excepcional plazo de cinco semanas, frustró la intención de los diputados de frenar un Brexit salvaje. El tribunal ha reprochado al Ejecutivo que fuera incapaz de explicar, durante tres días de vista pública, razones convincentes para justificar su decisión.
Los 11 magistrados han deliberado durante tres días sobre la legalidad de esa decisión y su sentencia senta un histórico precedente en la arquitectura constitucional del país —sin Constitución escrita— y sobre los límites en la separación de poderes. "Hace falta mucho para ponerme nervioso estos días. Solo puedo decirles que tengo un enorme respeto al poder judicial y que examinaré con mucho respeto la sentencia", dijo Johnson en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU y a la cumbre paralela contra el cambio climático.
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El panel de magistrados valoró que el asesoramiento de Johnson a la reina Isabel II, jefa de Estado, para proceder al cierre parlamentario -del 9 de septiembre hasta el 14 de octubre, poco antes del "brexit"- no se ajustó a la legalidad pues perseguía "frustrar o impedir" que el Parlamento desempeñara sus "funciones constitucionales".
"Este tribunal concluye que la decisión de aconsejar a Su Majestad que suspendiera el Parlamento fue ilegal porque tenía el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento de llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable", afirmó Hale.
Las dos cámaras de Westminster quedaron clausuradas al término de las sesiones del pasado 9 de septiembre hasta el 14 de octubre, cuando estaba previsto que la reina Isabel II inaugurase un nuevo curso parlamentario al leer la nueva agenda del Gobierno de Johnson.
El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, pidió hoy que las sesiones del Parlamento sean reanudadas "sin retraso".
El presidente de la cámara baja comunicó a los medios que consultará a los líderes de las formaciones políticas los pasos a seguir "con la mayor urgencia posible".
"Doy la bienvenida al fallo del Tribunal Supremo de que la suspensión del Parlamento fue ilegal. Los jueces han rechazado la afirmación del Gobierno de que cerrar el Parlamento durante cinco semanas era simplemente una práctica normal a fin de permitir un nuevo discurso de la Reina (programa del Ejecutivo)", añadió.
El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, pidió este martes a Boris Johnson que "reconsidere su posición" al frente del Gobierno, después de que el Tribunal Supremo declarara "ilegal" su suspensión del Parlamento.
En una intervención especial durante el congreso laborista en Brighton (sur inglés), Corbyn adelantó que pedirá al presidente de la Cámara de los Comunes que disponga cuanto antes la reanudación de las sesiones parlamentarias.
La cercanía con la fecha pactada para la ejecución del "brexit", el 31 de octubre, generó una oleada de críticas contra Johnson, que justificó la medida con el argumento de que precisaba de ese tiempo para poder elaborar la nueva agenda legislativa de su Ejecutivo.
Al leer su dictamen, la presidenta del Supremo subrayó que esta suspensión prolongada de la democracia parlamentaria se produjo en unas circunstancias bastante excepcionales: el cambio fundamental que iba a producirse en la Constitución del Reino Unido el 31 de octubre, fecha prevista para la salida de la Unión Europea (UE).
"El Parlamento, y en particular la Cámara de los Comunes como representantes electos de los ciudadanos, tienen el derecho a tener voz en cómo se produce ese cambio. El efecto sobre los fundamentos de nuestra democracia fue extremo", remarcó con dureza la jueza.
Durante este proceso judicial, los demandantes reprocharon a Johnson que obrara siguiendo una estrategia con la que impedir al Parlamento bloquear sus planes sobre una retirada sin acuerdo de la UE.
En el proceso presentado por la activista anti "brexit" Gina Miller, secundado por el ex primer ministro conservador John Major, se alegó que la duración excepcional del periodo de suspensión era, en este caso, una "clara prueba de que el motivo del primer ministro era silenciar al Parlamento" al verlo como un "obstáculo" para avanzar hacia sus objetivos políticos.
Frente a esta querella (presentada ante el Tribunal Superior y recurrida ante el Supremo por Miller), la defensa de Johnson mantuvo que la suspensión de las cámaras es una prerrogativa y que la clausura de las cámaras era una decisión "inherente y fundamentalmente política por naturaleza" sobre las que no debería interferir la Justicia.
