El Ministerio de Finanzas y Precios publicó este 28 de marzo el anteproyecto de la “Ley de la Expropiación por razones de utilidad pública o interés social”, que se encuentra disponible para consulta de ciudadanos y especialistas, informó Granma.
Se trata de un documento con implicaciones en las relaciones entre el gobierno de Cuba y el de Estados Unidos, ya que las expropiaciones de patrimonio en manos de cubanos y estadounidenses desafectos al régimen revolucionario es un tema de diferencias entre ambos países.
Según el periódico del Partido Comunista de Cuba, el anteproyecto regula la expropiación por razones de utilidad pública o interés social como medio de actuación del Estado para la satisfacción de intereses generales como forma de adquisición de bienes y derechos para el patrimonio estatal.
Además, designa a los sujetos competentes para realizar la declaración de la utilidad pública o interés social, así como las bases y el procedimiento para determinar esa utilidad o necesidad.
Asimismo, respalda las reglas establecidas en la Ley Nº 118, De la Inversión Extranjera, del 29 de marzo de 2014, sobre expropiación en ese ámbito y, según Granma, “fortalece las garantías jurídicas para los inversionistas extranjeros en Cuba”.
Al respecto, el artículo 4.1 del texto asegura que “Las inversiones extranjeras dentro del territorio nacional gozan plena protección y seguridad jurídica y no pueden ser expropiadas, salvo que esa acción se ejecute en concordancia con lo dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales suscritos por la República de Cuba y la legislación vigente”.
El tema de la expropiación ha estado en el diferendo entre Estados Unidos y Cuba desde 1959, cuando muchas empresas, entre ellas las estadounidenses, fueron nacionalizadas.
En 2019, el entonces presidente Donald Trump activó el título III de la Ley Helms-Burton para aceptar demandas a empresas estadounidenses o de terceros países que se hayan beneficiado con las propiedades de empresas y ciudadanos estadounidenses nacionalizadas después del triunfo de la Revolución.
Compañías de cruceros violaron el embargo durante la era Obama
La última demanda de este tipo se conoció en febrero de 2022, cuando la compañía Havana Docks, con sede en EE.UU., denunció que compañías de cruceros estaban usando ilegalmente sus muelles en La Habana, confiscados por Fidel Castro en 1960.
Según la demanda interpuesta por Havana Docks, durante el deshielo de la era Obama cuatro navieras establecieron acuerdos “tras bambalinas” con empresas cubanas que violan las limitaciones establecidas por el título III de la Ley Helms-Burton.
El Nuevo Herald estimó en 1100 millones de dólares las ganancias obtenidas por Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC Cruises entre 2016 y 2019, mientras duró el “boom” de los viajes a Cuba. Por su parte, el régimen de la isla se embolsó 138 millones de dólares.
“El fallo de un juez terminaría por confirmar los peores temores de muchos cubanoamericanos y funcionarios públicos del sur de la Florida: que los viajes bajo la categoría de contacto ‘persona a persona’ fueron una cortina de humo para justificar el turismo ilegal que enriqueció las arcas de Cuba, ayudando a financiar un régimen represivo”, precisó El Nuevo Herald.
