El ordenamiento monetario y cambiario en Cuba ha supuesto un incremento de precios que muchas veces rebasa en proporción al aumento de salarios y pensiones que el régimen decretó, lo cual hace que éste último siga siendo insuficiente para consolidarse como medio de subsistencia único de la familia cubana.
Entre los precios y tarifas que se han incrementado, a raíz de lo dispuesto en las Gacetas Oficiales 68 y 77, están las de los trámites legales y los servicios jurídicos, algunos de los cuales podrían resultar inaccesibles ahora para muchos cubanos, o excesivamente costosos.
Otros, en cambio, si bien nominalmente no se antojan caros, su aumento de precio en más de cuatro, cinco o seis veces ridiculiza el hecho de que los ingresos de los trabajadores apenas hayan crecido en cuatro.
Es el caso de los trámites o servicios jurídicos asociados a actos como donar una vivienda, cuyo precio aumentó en más de ocho veces: de 35 a 300 pesos cubanos, unos 12 dólares al cambio oficial.
Lea también
Maité Rodríguez Tamayo, jefa del departamento de Notarías en la oriental provincia de Holguín, explicó a la radio de ese territorio que entre los cambios fundamentales del ordenamiento en el sector figuran, además de los nuevos precios de las donaciones de viviendas, los nuevos costos de las donaciones de vehículos (225 pesos) y de la tarifa de cobro por los actos de compraventa de vehículos o viviendas que se den entre partículas.
Esta última es de acuerdo al valor de venta que declaren las personas. “Si la persona declara que está vendiendo en 10 mil pesos, la tarifa sería de 320 pesos. Si una persona vende en 150 mil pesos una vivienda, la tarifa sería de mil pesos”, detalló la funcionaria, que además explicitó que los testamentos subieron de 50 a 100 pesos y los matrimonios dentro de las sedes notariales cuestan 75.
Fuera de las sedes, el servicio a domicilio, cuesta 300, y se mantiene la gratuidad para los casos en los que las personas se casen en el Registro Civil.
Lea también
Además de Rodríguez Tamayo, a la radio holguinera acudió Liuba Reyes Herrera, subdirectora provincial de Justicia, para aclarar que “el Registro del Estado Civil no entra dentro de este ordenamiento”, por lo que no subirán los precios de las certificaciones.
En los Registros del Estado Civil sólo se cobra el gravamen de los sellos, que sigue siendo el mismo. Ahora, cuando usted va a legalizar estos documentos para su tráfico jurídico internacional, en la Consultoría Jurídica Internacional, ahí lo que se hizo fue convertir el precio al equivalente en moneda nacional, explicó la subdirectora.
El cambio fue en el Registro de la Propiedad. La tarifa del registro, que data de 1935, era una norma bastante obsoleta, cuando solo se cobraba a tres pesos la primera inscripción. Y todas las demás, al actualizar los títulos, venta, donación, subsanación, se hacían de oficio. Ahora se cobra la presentación y las inscripciones tantas veces se acceda al registro, según el título de propiedad que tenga y el valor legal del inmueble. Es así para las personas naturales y jurídicas, con tarifas diferenciadas, agregó.
Ordenamiento, precios y vulnerabilidad
Además de en trámites y servicios legales, el ordenamiento ha supuesto incrementos de precios en servicios esenciales y bienes integrantes de la canasta básica, que han puesto en situación de mayor vulnerabilidad a los pensionados y jubilados.
Ante la insuficiencia de los ingresos de estos para afrontar la nueva situación, más aún en la actual crisis de oferta y escasez generalizada, el oficialismo aduce que los ancianos no pueden ser responsabilidad exclusiva del Estado, aunque éste se diga humanista y benefactor.
Las familias deben arrimar el hombro y hacerse cargo de sus mayores, sostiene el régimen, sin reconocer que no sólo eso ha sido siempre así, al menos en familias funcionales, sino que durante décadas el pretendido Estado humanista ha sometido a la tercera edad, y a la mayoría de su población, a enormes limitaciones económicas que hacen de la vida en la isla un eterno acto de sobrevivencia.
