La cantidad de demandas activas en tribunales estadounidenses bajo el Título III de la Ley Helms-Burton por propiedades decomisadas por el régimen en Cuba después de 1959, se elevó a 32, con dos dirigidas contra compañías estadounidenses que operan con la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM).
Según informó este miércoles el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, una entidad privada que lleva la relación de las demandas interpuestas desde que el Título III de la también llamada Ley Libertad fue activado en 2019, las compañías demandadas ahora son Crowley Maritime Corporation y Seabord Marine, ambas con sede en Florida e ingresos de varios miles de millones de dólares en 2019.
La demandante en ambos casos es Odette Blanco de Fernández, una cubanoamericana miembro de una familia cuyas propiedades fueron “intervenidas” en 1960 por el gobierno radical que se instauró tras el triunfo de la revolución de 1959.
Los hermanos Blanco Rosell poseían Marítima Mariel, Central San Ramón y Azucarera Mariel, entre otros activos.
En tierras decomisadas a esa familia y a los Carranza-Bernal y Carbonell-González se creó la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM), un proyecto de la dictadura para atraer inversión extranjera, señala el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, dirigido por John S. Kavulich.
Notificaciones antes de demandar
Antes de plantear las demandas, los abogados de Blanco de Fernández notificaron a ambas compañías por escrito que estaban “traficando” con propiedades confiscadas sobre las cuales ella tiene derechos “sin su permiso”, un trámite contemplado en la ley.
En el caso de la Crowley Maritime Corporation, con sede en Jacksonville (noreste de Florida), la demanda obedece a que desde hace "varios años" envía directamente barcos con contenedores a la terminal del Puerto del Mariel o participa en envíos de otros y se beneficia de ello.
En el caso de Seabord Maritime, la demanda dice que ha traficado con la propiedad confiscada al menos desde mayo de 2019, enviando barcos con contenedores desde Nueva Orleans directamente o participando y beneficiándose de otros envíos.
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La terminal de contenedores está en tierras expropiadas a los Blanco Rosell que formaban parte de una concesión de 70 años que les confería derechos para “planear, estudiar, ejecutar, mantener y explotar muelles públicos y bodegas” en la bahía de Mariel, antiguamente perteneciente a la provincia de Pinar del Río, y de “construir nuevos edificios”.
En vigor desde el 2 de mayo de 2019, el Título III de la Ley Helms-Burton permite a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas que lucren con propiedades decomisadas en Cuba.
Amazon, Visa, BBVA, Mastercard, Barceló, Pernod, Meliá, Expedia, Iberostar, Accor, Royal Caribbean, NH Hoteles, Trivago y MSC son algunas de las compañías inicialmente demandadas, aunque algunas de ellas han quedado después excluidas por diversas razones.
En un artículo con motivo del primer aniversario el Consejo Económico y Comercial cubano-estadounidense se preguntó si la decisión del presidente Donald Trump de activar el Título III había sido un éxito “judicial o político”, pero destacó que su efecto en la inversión extranjera en Cuba ha sido “corrosivo”.
El título tercero de la ley Helms-Burton, promulgada en 1996 por Bill Clinton y también llamada Ley Libertad por su propósito declarado de promover la democracia en Cuba, estuvo en suspenso hasta 2019, porque los sucesivos presidentes optaron por no tener problemas con terceros países.
