La pandemia de la COVID-19 sumergirá a Costa Rica en su peor crisis en 40 años. El país venía arrastrando serios problemas económicos y sociales antes de la emergencia sanitaria: el desempleo llegó al 12,5% en el primer trimestre de este año, el más alto en cuatro décadas. La informalidad cubría a casi la mitad de la fuerza laboral. El déficit fiscal cerró el 2019 en su mayor nivel desde inicios de los ochenta. La deuda del gobierno central alcanzó el 60% del PIB, el umbral que es considerado como de alto riesgo para una economía como la costarricense. La pandemia exacerbará todos estos flagelos y nos dejará un escenario en el que inevitablemente tendremos que tomar decisiones que hemos venido posponiendo por décadas.
El “nadadito de perro” ha sido por muchos años nuestro deporte nacional: hacer apenas lo suficiente para salir de una situación apremiante y no ahogarnos. Costa Rica hizo grandes cosas en el pasado que contribuyeron a que el país destacara a nivel latinoamericano e incluso mundial: su pacifismo, democracia, educación y salud universales y vocación de protección del medio ambiente. Sin embargo, de un tiempo para acá estamos viviendo de las rentas del pasado.
El “excepcionalismo costarricense” se nos fue a la cabeza y nos dormimos en nuestros laureles. La pandemia hará que lo que era un lento declive se convierta en un brusco despertar. En el (improbable) caso de que la emergencia sanitaria acabe en el 2021, el país quedará con un panorama económico desolador. La nueva normalidad posiblemente consista de niveles de desempleo e informalidad significativamente superiores a los que teníamos antes de la crisis y una situación fiscal in extremis que nos obligará a fuertes y dolorosos ajustes. Peor aún, si no lo han notado, el 2021 será un año electoral.
Tras seis años de gobierno, resulta evidente que el Partido Acción Ciudadana (PAC) no lleva en su ADN la reactivación económica, mucho menos el ímpetu para la reconstrucción que requerirá la economía pos-COVID-19. El oficialismo desconfía del sector privado y considera que altos niveles de gasto público e impuestos son beneficiosos para la sociedad. Además, sus prioridades políticas están divorciadas de los problemas económicos más apremiantes que aquejan al país.
Las encuestas indican que cada vez más costarricenses ven en el PAC no solo un partido que nos hundirá en lo económico, sino que también pretende socavar libertades individuales mediante iniciativas como la extinción de dominio, la eliminación del secreto bancario, la UPAD, entre otros.
Al consultársele por cuál partido nunca votarían, el PAC encabeza holgadamente las encuestas de opinión. Y, aún así, existe la percepción generalizada de que, si las elecciones fueran hoy, el PAC lograría un inédito tercer gobierno consecutivo. ¿Cómo es eso posible?
Mucho tiene que ver con la ausencia de una narrativa contrastante por parte de los partidos de oposición. En sus memorias, Tony Blair señala dos cosas que son vitales para la oposición: “keep it simple; keep it coherent.” El ex premier británico indica que, cuando se está en la oposición, “la gente no espera que usted lo sepa todo. No están pidiendo muchos detalles. Solo quieren saber dónde está usted parado” en los distintos temas de interés nacional. El mensaje, por lo tanto, debe ser simple (en el sentido de claro) y coherente.
El PAC tiene un mensaje relativamente simple y coherente. Ello le ha valido el fuerte apoyo de un sector muy específico de la opinión pública que posiblemente le resulte suficiente para disputar una segunda vuelta en el 2022. Pero se trata de un relato que es cada vez más impopular con el grueso del electorado. Irónicamente, esta coyuntura no ha sido aprovechada por la oposición para elaborar un mensaje simple y coherente que contraste con el del oficialismo.
Desde el Partido Unidad Social Cristiana hago un mea culpa. De los partidos que han gobernado Costa Rica, el PUSC es el mejor posicionado para ofrecerle al país esa agenda económica contrastante a la del PAC. Para ello, basta aplicar los principios que están claramente delineados en la Carta Socialcristiana a Costa Rica: pleno apego al Estado de Derecho, respeto a los equilibrios macroeconómicos, respeto a la propiedad privada, un mercado de libre competencia efectivo, la aplicación del principio de subsidiariedad, la libertad económica, la igualdad de oportunidades, la estabilidad institucionalidad y el fomento a la producción y el consumo sostenibles. Lamentablemente, el PUSC no ha sabido –hasta ahora– traducir esos principios en una propuesta programática robusta que le resulte atractiva a los votantes.
Costa Rica urge de una oposición con un mensaje simple, coherente –y serio– al estatismo empobrecedor del PAC. Sin populismos, demagogia ni teorías conspirativas. Con una agenda moderna y ambiciosa de reformas estructurales que nos sirva no solo para salir de esta crisis, sino para construir una economía dinámica y competitiva que le devuelva la esperanza a los costarricenses de que el mañana será mejor para ellos y sus hijos. Ese es el reto de aquí al 2022.
