El quehacer normativo del régimen cubano de cara al inicio de su ordenamiento monetario y cambiario no para y las sorpresas y disgustos se suceden unos a otros a medida que se conocen los nuevos precios que el Estado cobrará a sus ciudadanos por trámites burocráticos y jurídicos cuyo costo ridiculiza totalmente los anunciados incrementos salariales.
Las alarmas han saltado estos días al conocerse lo que habrá que pagar por el registro de una propiedad, obra, marca o patente, así como para obtener certificaciones de nacimiento o divorcio.
Tal parece que la divisa del régimen, necesitado de divisas extranjeras que aceiten su maltrecha economía, es recaudar todo lo que se pueda hasta en lo más insignificante, como pueden ser muchos trámites jurídicos y legales de rutina cuyo costo preordenamiento era simbólico en varios casos o, al menos, más coherentes con los salarios también simbólicos que han devengado los cubanos durante años por su trabajo.
En tal sentido, y como otro elemento demostrativo de que los incrementos salariales que acompañarán al ordenamiento quedarán en nada, los cubanos que pretendan irse a estudiar fuera de la isla podrían tener que pagar más de 32 mil pesos en la obtención, legalización y apostilla de sus documentos docentes.
La resolución 510 del Ministerio de Justicia, contenida en la Gaceta Oficial no. 77, del 18 de diciembre de 2020, establece las tarifas para la legalización de documentos que surten efectos fuera del territorio nacional y éstas dan cuenta de lo poco que agrada al régimen que sus nacionales marchen fuera a estudiar para potencialmente realizarse en otras latitudes o lo aún más caro que quiere cobrar tal osadía.
Obtener y legalizar documentos académicos para poder presentarlos en el exterior de la isla siempre ha sido costoso. Sin embargo, las tarifas contenidas en la referida resolución, al igual que las de otros trámites con precios reformados para a partir del 1 de enero, inicio del “ordenamiento”, superan en mucho lo esperado para un país que dice querer que el salario constituya la principal vía de sustento familiar.
En los casos en los que un cubano no cuente ya con su título y certificación de notas, y la universidad extranjera en la que pretenda estudiar le exija además programa de estudios y plan temático de la carrera previa, el monto a desembolsar para obtener, legalizar y apostillar en el respectivo consulado esos cuatro documentos ascendería a 32 750 pesos cubanos, unos 1365 dólares estadounidenses al cambio oficial decretado por el gobierno cubano.
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Por el servicio completo de obtención de certificación de notas y títulos académicos las dependencias del Ministerio de Justicia relacionadas con la esfera (consultorías y bufetes) cobrarán 6 250 pesos cubanos. Afortunadamente, muchos reciben su título y notas al graduarse, aunque no es de extrañar que pronto los que entreguen no sirvan para su eventual legalización y apostilla en un consulado.
Las tarifas a pagar al Ministerio de Relaciones Exteriores por la legalización de los documentos docentes se mantienen en un costo similar, 2500 pesos cada uno, pero aquellos a los que se le exija programa de estudios o plan temático, o incluso ambos, tendrán que pagar respectivamente para la obtención de cada uno 8 750 y 6 250 pesos.
Para la legalización de documentos ante los Consulados, la resolución contempla el cobro 375 pesos por cada documento, un monto que no contempla de seguro la tarifa a pagar como tal al consulado.
Al hacer la resolución, el ministro de Justicia del régimen, Oscar Manuel Silvera Martínez, tuvo la “condescendencia” de establecer que “el presidente o director general de la entidad que presta servicios jurídicos podrá autorizar la rebaja de hasta un 50 por ciento de la tarifa cuando no se trate de servicios completos en cuanto a certificaciones de notas, planes temáticos y programas de estudio y el interesado requiera parte de los mismos”.
Los incrementos en los precios de estos y muchos otros trámites fijan valores desproporcionados respecto a los anunciados incrementos para los salarios, lo que anticipa que la pretensión de que estos sean la principal fuente de ingresos de los residentes en la isla puede terminar en un nuevo fracaso económico, máxime cuando la inflación es el principal riesgo y potencial resultado de la llamada “Tarea Ordenamiento”.
El 10 de diciembre el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reveló que el ordenamiento monetario y cambiario comenzaría el 1 de enero, fecha tras la cual desaparecería paulatinamente, en un plazo no mayor a seis meses, el peso cubano convertible (CUC).
La medida provocará inflación, que el gobierno intenta combatir con la subida de los salarios y pensiones, aunque expertos consideran que no es suficiente.
Al respecto, varios economistas vaticinan una escalada inflacionaria que reducirá aún más los aumentos de salarios y pensiones anunciados por el régimen para equiparar los precios internos con su valor real en dólares.
